Un fallo favorable a la multinacional del transporte, al entender que el Poder Ejecutivo le cobró durante 13 meses mal los impuestos. El Estado uruguayo deberá abonar a Uber por unos 93 millones de pesos uruguayos.
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La empresa inició la demanda contra el Ministerio de Economía y Finanzas, también derivada a la Dirección General Impositiva (DGI). En septiembre de 2017, Uber había pedido la nulidad del decreto que había firmado el por entonces presidente Tabaré Vázquez.
El decreto 47/2017, fechado el 20 de febrero de 2017, obligaba a este tipo de servicio de transporte terrestre de pasajeros a pagar el impuesto a la renta de los no residentes (IRNR) y el IVA. Finalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le otorgó la razón a Uber.
Fuente: El Observador