La Iglesia Ortodoxa, que agrupa a la denominación religiosa mayoritaria en el territorio montenegrino, decidió excomunicar al gobierno del país, luego de la promulgación de una ley «Anti-Cristiana», denominada por el gobierno como de «libertad religiosa».
Previo a la promulgación de la ley, que según la iglesia busca la dilución de la identidad religiosa del país, sacerdotes y monjes cristianos se movilizaron para protestar en contra junto a sus congregaciones.
En uno de estos eventos, un obispo cristiano recibió una golpiza por parte de la policía.
La aprobación del pliego de la ley en el parlamento, luego de ser presentada por el gobierno, motivo la excomunión de los principales jerarcas del ejecutivo (incluido el propio primer ministro) así como de los parlamentarios que votaron en favor de la misma.
La excomunión implica que, sin arrepentimiento público mediante, los oficiales excomulgados no podrán recibir sacramentos ni servicios fúnebres.
