Un pedido de acceso a la información pública, sobre sanciones del MIDES contra ONGs feministas por diversas irregularidades, fue denegado por la Prosecretaría de la Presidencia de la República. La solicitud buscaba conocer las sanciones registradas en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado).
Contexto: Esta negativa se suma a otra firmada recientemente por el Fiscal de Corte Jorge Díaz, acusado hace pocos días en el parlamento por el Diputado Lust (CA) de ayudar a «lavar» 11 millones de dólares fruto de hechos de corrupción. En el pedido de informes rechazado por la Fiscalía, también inquiría sobre irregularidades de lo que se ha dado en llamar «ONGs compañeras».
Rodrigo Ríos (PN), autor del pedido de informes, dialogó con Despiertamedia.
¿Cómo te surgió la iniciativa de hacer el pedido de acceso de información pública?
R.R. La iniciativa surge de una serie de supuestas irregularidades denunciadas por autoridades del gobierno entrante, vinculadas a servicios tercerizados mediante transferencias a ONGs, específicamente del Ministerio de Desarrollo Social. Por ejemplo, el ex-ministro Pablo Bartol mencionó que tuvieron que cerrar refugios para personas en situación de calle por las condiciones paupérrimas en las que se alojaba a la población vulnerable. Un caso específico refiere a la gestión de refugios por parte del Plenario de Mujeres del Uruguay (PLEMUU).
En virtud de lo anterior, decidí realizar el pedido de información debido a que ONGs que se han presentado a llamados a licitación realizados por el Ministerio de Desarrollo Social, fueron desestimadas algunas de sus propuestas y a pesar de esto, se han vuelto a contratar de forma directa. Un ejemplo de esto lo constituye, una compra directa realizada a PLEMUU para servicios en el Departamento de Paysandú (Compra por Excepción 38/2021), a pesar de haber sido desestimada por apartamiento de los lineamientos presentados en el pliego de condiciones de la Licitación Pública 27/2020 (véase Resolución 224/2021 del Tribunal de Cuentas).
Por tales elementos, realice el pedido de informes a la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), que es organismo que regula a los proveedores del Estado, en este caso específico, a las ONGs que prestan servicio al Ministerio de Desarrollo Social.
En una primera instancia, antes de la respuesta final, ¿Qué esperabas recibir o descubrir según tus conocimientos del tema?
R.R. Sabía que la respuesta podía ser negativa, porque las sanciones a proveedores constituyen un tipo de información que puede favorecer a otros competidores en los procesos de selección de compras públicas, en este caso, se ampararon en un artículo de la Ley 18.381.
¿Cómo recibiste la negativa de información solicitada?
R.R. Utilizaron un argumento legal y antecedentes de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales para fundamentar su decisión de negar la información.
¿Ves una defensa, de cierto sector estatal, del accionar de las ONGs compañeras?
R.R. Es obvio, y su defensa viene en mayor medida de INMUJERES, representada por Mónica Bottero. A pesar de no existir evaluación y monitoreo de este modelo de política, se sigue financiando con montos millonarios a ONGs feministas, cuyas rendiciones de cuentas el ciudadano común desconoce.
¿Cómo continúa la búsqueda de información? ¿Has visto otros caminos posibles para acceder a la información de esta problemática?
R.R. El camino continúa dirigiéndome a los organismos de contralor correspondientes, así como también al propio Ministerio de Desarrollo Social, el cual debe rendir cuentas. Una obligación de los gobernantes es ser transparentes.
Fuentes: Resolución de rechazo – Resolución Tribunal de Cuentas
