En estas últimas horas, mediante algunos videos e hilos publicados en las redes, se conoció la vinculación non-sancta que tienen diversas «organizaciones de derechos humanos» con barras bravas.
Al igual que sucede en Argentina, desde hace varias décadas, algunos sectores políticos buscan ganar espacio en el fútbol.
Susana Pereyra, esposa del ex-Ministro del Interior Eduardo Bonomi, integrante del MPP (Movimiento de Participación Popular) y exdiputada nacional, ya reconoció su vinculación con Peñarol y su barra brava. La prensa, en diversas oportunidades, había puesto el ojo en una relación entre la barra brava peñarolense y la izquierda uruguaya.
Los favores de la exlegisladora a la barra brava aurinegra, como se conoce a Peñarol, han sido blanqueados por la propia Pereyra. Estos relacionamientos llegaron al punto que varios barras bravas del equipo montevideano pasaron a ser candidatos a alcaldías.
La situación sin embargo tomó ribetes surrealistas cuando un barra brava que alega no ser mafioso, Richard Mariani, realizó un discurso exhibiendo merchandising que devela un claro soporte en recursos por parte de organizaciones autodenominadas «de derechos humanos» que militan la causa de los desaparecidos.
Segun se denunció en las redes sociales, Mariani habría participado junto con varios barras de su club de disturbios involucrando armas de fuego y actos vandálicos en el 2019, en las afueras del estado de Peñarol, actos por los que fue procesado. Mariani contaría además con antecedentes penales previos por violencia privada.
