Denunciada como una “provocación”, el gobierno de Cuba ha prohibido la marcha opositora que se anunció para el venidero 15 de noviembre. La manifestación prevista en La Habana es entendida, por el castrismo, como una “estrategia de cambio del régimen”.
Se ha señalado que la marcha cuenta con promotores vinculados a Washington para un cambio en la isla. Además de la capital cubana, otras seis provincias han recibido la misma respuesta a esta movilización, que se presentó contra la violencia y por el cambio.
La convocatoria, que se lanzó en septiembre y se promueve por redes sociales, viene apelando al artículo 56 de la nueva Constitución, la cual se aprobó en 2019. Allí se reconoce el derecho a la reunión, la asociación con fines lícitos y pacíficos.
La autoridad cubana viene refutando la movilización con base en el derecho de la limitación por la seguridad colectiva, el respeto del orden público, el bienestar general y el ejercicio de las leyes.
