Nibia Reisch, diputada del Partido Colorado por el Departamento de Colonia, requirió un pedido de informes sobre a exiliados y presos políticos en la última dictadura con la intención de conocer “cuántos son, quiénes son y cuánto cobran”.
La legisladora, y su pedido, se ampara en la Ley 18.033 que consagra como un derecho la indemnización a los detenidos, desaparecidos, perseguidos y obligados a abandonar el país en la última dictadura cívico militar uruguaya. La ley establece que se deben percibir once BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones), que rondaría los cincuenta mil pesos uruguayos mensuales.
El foco se ha puesto en los controles que desde el Estado uruguayo se han realizado a los destinatarios finales de cada uno de los pagos y beneficiarios en los últimos 15 años, que fue gobierno el Frente Amplio.
Fuente: Telenoche