La oficina de la ONU en Uruguay se expresó a favor de la Ley Trans, pero las razones que da para apoyarla no se condicen con la realidad y su autoridad para opinar sobre Derechos Humanos es más que cuestionable.
Ninguna sorpresa
Recientemente, el establishment mediático uruguayo difundió acríticamente (1)(2)(3) la opinión a favor de la Ley Trans de dos instituciones de «derechos humanos» en Uruguay: la «Institución Nacional de Derechos Humanos» (INDDHH) y la oficina de las Naciones Unidas en Uruguay. Ambas, en los hechos, operan como injertos globalistas, dedicados a «orientar» a los políticos locales para que implementen la agenda promovida por la hegemonía neomarxista internacional.
Las razones dadas por ONU Uruguay para su apoyo a la #LeyTrans.
La oficina de la ONU en Uruguay llama a no derogar esta ley que permite al estado esterilizar niños en contra de la voluntad de sus padres, mediante tratamientos de hormonización, alegando que la ley promueve «condiciones de igualdad» y garantiza «el derecho a vivir» de los transexuales.
Lo que los medios tradicionales omiten, es que la fundamentación de los representantes de la ONU en Uruguay es errónea. Ambas cuestiones ya están previstas en la constitución nacional y la Ley Trans no agrega derecho alguno tocante al derecho a la vida o la igualdad ante la ley.
El derecho a la vida de los transexuales ya está garantizado:
«Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general».
Artículo 7 de la Constitución Nacional
La igualdad ante la ley, también:
Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.
Artículo 8 de la Constitución Nacional
Es difícil pensar que los representantes de ONU Uruguay desconozcan el contenido de la Ley Trans o de la Constitución Nacional. Por ende, queda pendiente saber cuáles son las verdaderas razones del apoyo a esta ley.
La ONU non-sancta
Ante la palpable ausencia de autoridad moral en la que vivimos, puede resultar tentador considerar a la ONU como una autoridad en Derechos Humanos. Sin embargo las acciones de la ONU en esta materia en los últimos años han dejado mucho que desear.
Un ejemplo, es la elección como Presidente de su Comité de Derechos Humanos de la organización en el 2015 a Arabia Saudita, un país en el que todavía se utiliza la crucifixión como método de ejecución de criminales y donde se ha decapitado a más personas que en el Estado Islámico en el último año.
De hecho, según UNWatch, este 2018, la mayoría de los países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU elogiaron a Arabia Saudita, a pesar de su nefasto registro relativo a los derechos humanos fundamentales.
El consejo de Derechos Humanos, jamás ha pasado una sola resolución condenando las acciones del gobierno saudita, ni siquiera cuando recientemente admitió el asesinato extrajudicial del periodista Jamal Kashoggi.
La China Comunista, un país que mantiene campos de concentración para prisioneros de conciencia y enfrenta acusaciones de ejecutarlos para vender sus órganos, también integra el Consejo de Derechos Humanos de esta institución, desde donde elogió el rol de Arabia Saudita en materia de Derechos Humanos.
Venezuela, país recientemente reconocido (a regañadientes) por el gobierno izquierdista Uruguayo como una dictadura, también integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro emplea la tortura y las ejecuciones extrajudiciales de disidentes de manera cotidiana. Desde este consejo, los representantes del régimen venezolano eligieron elogiar el rol de Arabia Saudita en “empoderar a las mujeres», cuando en este país la mujer no tiene permitido siquiera probarse la ropa antes de comprarla.
En definitiva, cuesta tomar en serio la opinión sobre el «respeto a la diversidad sexual» de una organización como la ONU, que elige como presidente de su comité de derechos humanos al representante de un país que recientemente decapitó a 5 hombres que admitieron bajo tortura haber mantenido relaciones homosexuales.