Un jóven de la localidad inglesa de Bradford molesto por lo que considera un atropello del estado sobre la privacidad de los ciudadanos, se volcó a las calles con una amoladora y derribó una torre de alumbrado que servía de soporte a varias cámaras de vigilancia.
El incidente ocurrió alrededor de las 10:20 pm en Broadstone Way, Holme Wood, y fue capturado en video.
En el video se ve al hombre cortando el poste de luz con la herramienta eléctrica mientras el tráfico pasa por la calle, hasta que el poste cae al suelo y el hombre se aleja del lugar.
Activismo contra la videovigilancia
El activismo contra la videovigilancia es un tema que ha cobrado importancia en los últimos años a nivel global, a medida que se ha ido extendiendo el uso de cámaras de vigilancia en espacios públicos y privados. Hay grupos y organizaciones en varios países que se dedican a la defensa de la privacidad y la protección de los derechos civiles en relación con la videovigilancia.
Por ejemplo, en Estados Unidos existen organizaciones como el el Cato Institute y la Electronic Frontier Foundation (EFF) trabajan en la protección de los derechos civiles y la privacidad en línea y fuera de línea, incluyendo la videovigilancia.
En Europa, organizaciones como Privacy International y la Asociación Europea por la Defensa de los Derechos Humanos (AEDH) también han expresado su preocupación por el uso de cámaras de vigilancia en espacios públicos.
En el Reino Unido, donde la videovigilancia en espacios públicos es especialmente común, hay algunos grupos activistas y políticos que se oponen a la videovigilancia en nombre de la privacidad y la libertad individual.
Qué reclaman los activistas contra la videovigilancia
La oposición a la videovigilancia puede basarse en una serie de objeciones, incluyendo preocupaciones sobre la privacidad, la efectividad, los costos y el igualitarismo.
Privacidad y control
Una de las principales objeciones a la videovigilancia es que viola la privacidad individual al monitorear y registrar la actividad de las personas sin su consentimiento explícito. Algunas personas también argumentan que la videovigilancia es una forma de vigilancia masiva y que permite el control y la vigilancia de la población por parte del Estado.
Costo e ineficiencia
Además, algunos críticos cuestionan la efectividad de la videovigilancia en la prevención del delito, argumentando que puede ser costosa y tener un impacto limitado en la disuasión del delito o en la resolución de crímenes. También se ha argumentado que la videovigilancia puede llevar a la discriminación y el perfilamiento de ciertos grupos sociales al mostrar la mayor prevalencia de ciertos grupos entre quienes protagonizan actos criminales o violentos.
Otros reclamos
Otras preocupaciones se relacionan con la fiabilidad de las cámaras de vigilancia y la posibilidad de que puedan ser hackeadas o manipuladas para fines ilegales.
También se ha argumentado que la videovigilancia puede fomentar una cultura de vigilancia y desconfianza, lo que puede tener efectos negativos en la cohesión social y en la confianza en las instituciones públicas.
